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El despilfarro electoral

El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la asignación de más de $400.000 para la promoción del referéndum y consulta popular 2024 levanta serias interrogantes sobre las prioridades del gobierno y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. En un momento de crisis económica y social, ¿es realmente justificable destinar tal cantidad de dinero a una campaña electoral?

Resulta preocupante observar cómo se destinan cifras exorbitantes para promover un evento democrático, mientras que las necesidades básicas de la población siguen sin ser atendidas de manera adecuada. ¿Acaso no sería más sensato y responsable utilizar esos fondos para mejorar el sistema de salud, seguridad, educación o para paliar la pobreza que afecta a miles de ecuatorianos?

Es importante cuestionar también la equidad en la distribución de estos recursos. Si bien se menciona que tanto las opciones del sí como del no recibirán una suma similar para su promoción, ¿realmente se garantiza una competencia justa entre ambas posturas? ¿O acaso el poder adquisitivo y la influencia política de ciertos grupos terminarán inclinando la balanza en favor de una u otra opción?

La convocatoria para el registro de proveedores de promoción electoral también suscita dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en el proceso. ¿Cómo se asegurará que los proveedores seleccionados cumplan con los criterios de objetividad y neutralidad en la difusión de la información? ¿O correremos el riesgo de que los medios de comunicación se conviertan en meros instrumentos de propaganda política?

En última instancia, este derroche de recursos en campañas electorales plantea una reflexión sobre el tipo de democracia que queremos construir. ¿Es una democracia auténtica aquella en la que se dilapidan sumas millonarias en publicidad política, mientras las necesidades básicas de la ciudadanía son relegadas a un segundo plano? Es hora de repensar nuestros valores y prioridades como sociedad, y exigir un uso responsable y transparente de los recursos públicos en beneficio del bienestar común.

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