Después de siete meses, la Fiscalía formuló cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros dos implicados en el presunto delito de peculado en la construcción de una vía en Manabí.
Tras analizar el pedido de Fiscalía y los argumentos de los abogados, el juez Luis Rivera decidió dictar prisión preventiva para Glas y para Carlos B. en el caso Reconstrucción de Manabí
En cambio, para el procesado Pablo O. dispuso medidas alternativas al arresto, es decir prohibición de salida del país y presentación periódica ante una autoridad judicial.
Además, el magistrado ordenó la retención de cuentas bancarias, que los procesados tengan en el sistema financiero nacional. Además, prohibió enajenar bienes y autos de los imputados por un monto de USD 122.4 millones para cada uno.
Este 5 de enero de 2024, la audiencia de formulación de cargos se instaló en la Corte Nacional de Justicia. En su cuenta de X, la Fiscalía escribió: “La audiencia se instala en su cuarto intento, siete meses después de que se solicitara fecha y hora para formular cargos”.
Hay que recordar que en su último intento, la audiencia no se instaló debido a que el juez Rivera solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glas
El pasado 21 de diciembre, en el Pleno del Legislativo no se alcanzaron los votos necesarios para dar paso a la moción presentada por el correísmo sobre autorizar el enjuiciamiento. Eso generó múltiples cuestionamientos sobre si el Parlamento tenía o no la facultad para pronunciarse porque Glas actualmente no ejerce el cargo de Vicepresidente. El argumento fue que el hecho que se investiga ocurrió durante el mandato ejercido por el exvicepresidente.
Los que se conoce hasta el momento es que el exfuncionario permanece en la Embajada de México en Ecuador. Aún no existe alguna definición sobre un eventual asilo diplomático a su favor. Sobre esto, el Gobierno ya ha informado que puso en conocimiento del país norteamericano los procesos judiciales que enfrenta el exvicepresidente.
La teoría de la Fiscalía
Tras el terremoto del 2016, el Gobierno de ese entonces conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Además, emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.
Por otra parte, en el 2019, la Contraloría determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros, por más de 68 millones de dólares.
Según la fiscal Diana Salazar, los fondos que se usaron para la construcción de ese proyecto vial provenían del dinero recaudado a través de la Ley de Solidaridad. Por lo tanto, la Fiscalía abrió una investigación previa.
Las indagaciones señalaron que esa obra vial “no cumplía con los ejes propuestos en la Ley de Solidaridad, sobre emergencia, reconstrucción y reactivación”.
“Ese contrato fue adjudicado el 30 de marzo del 2017, con carácter de prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto”, explicó la fiscal Salazar.
El Telégrafo
