La decisión judicial se dio tras una acción de protección presentada por la exfuncionaria, en la que se determinó que su desvinculación vulneró sus derechos al trabajo, la seguridad jurídica y la motivación. En consecuencia, el tribunal dispuso su reincorporación y el pago de los haberes dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo fuera de la institución.
Carlos Herrera, abogado defensor de la exfuncionaria, señaló que el incumplimiento de la orden judicial por parte del alcalde podría resultar en consecuencias legales. “El juez ha sido claro en su dictamen. Si en el plazo establecido no se cumplen con los pagos, se iniciará una investigación por desobediencia, lo que podría derivar en una pena de 1 a 3 años de prisión, según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal”, explicó Herrera.
Hasta el momento, el alcalde Carrera no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta orden judicial.
