Han pasado más de dos años desde que la señora Lidia María Corrales Bastidas, de 82 años, perdió su terreno en la parroquia Joseguango Bajo, Latacunga. El 8 de diciembre de 2022, la administración municipal de Byron Cárdenas expropió su propiedad con el compromiso de construir áreas recreativas. Sin embargo, hasta la fecha, el predio sigue abandonado, sin ninguna obra de infraestructura.
Según la legislación ecuatoriana, específicamente el artículo 58.7 de la Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública, si en un plazo de dos años no se ejecutan las obras previstas tras una expropiación, el terreno debe ser revertido a su dueño. Ante este incumplimiento, los abogados de doña Lidia han solicitado formalmente la reversión del predio.
Además, documentos oficiales emitidos por el propio Municipio de Latacunga confirman que no existe presupuesto ni obras ejecutadas en el terreno expropiado. A pesar de ello, la actual administración municipal de Fabricio Tinajero ha declarado que sí se están realizando trabajos de infraestructura, afirmación que hasta el momento no se ha evidenciado en la realidad.
El impacto de esta expropiación ha sido devastador para doña Lidia. Antes, el terreno era su fuente de sustento: sembraba y cosechaba productos agrícolas para subsistir. Ahora, sin tierras y sin recibir el pago justo por la expropiación, enfrenta serias dificultades económicas. No cuenta con jubilación ni otra fuente de ingresos, lo que la ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ante este escenario, la afectada y su equipo legal exigen al alcalde y a los concejales que verifiquen la realidad del predio y tomen acciones inmediatas. “No podemos mentirle a la ciudadanía. Aquí no hay ninguna obra, el terreno está abandonado y doña Lidia ha sido despojada de su derecho a trabajar y vivir dignamente”, señaló su abogado.
Mientras el caso sigue sin respuesta, doña Lidia espera que el Pleno del Concejo Municipal de Latacunga atienda su pedido y le devuelva el único medio que tenía para sobrevivir.
