Oposición denuncia presiones y ofrecimientos para fracturar sus bancadas.
Las recientes renuncias y expulsiones en diferentes bancadas de la Asamblea Nacional han reavivado las denuncias de “compra de conciencias” en el Legislativo ecuatoriano. Dirigentes de la Revolución Ciudadana (RC) y otros movimientos opositores acusan al gobierno de Daniel Noboa de intentar desarticular la oposición mediante ofrecimientos políticos y presiones.
La más reciente renuncia fue la de Marcela Holguín, asambleísta de RC, quien dejó su curul en medio de tensiones internas y cuestionamientos a su voto en la Ley de Turismo, impulsada por el oficialismo. Su salida se suma a la de Xavier Jurado y Milton Aguas, quienes también abandonaron la bancada correísta, debilitando su capacidad de negociación.
El Partido Social Cristiano (PSC) y Construye también han sufrido fracturas. Asambleístas como Lucía Jaramillo y Guido Vargas fueron expulsados del PSC por no alinearse con las decisiones del partido. Construye, que contaba con 29 miembros, ha visto reducir su bancada a 19, lo que ha favorecido al bloque oficialista.
Las acusaciones de corrupción y manipulación política no son nuevas en la política ecuatoriana, pero han adquirido fuerza ante el cambio de composición en la Asamblea. El bloque de Acción Democrática Nacional (ADN), afín al presidente Noboa, ha ganado influencia, facilitando la aprobación de su agenda legislativa.
Mientras el gobierno niega cualquier tipo de negociación irregular, la oposición insiste en que estas deserciones responden a prácticas antidemocráticas. La crisis de representatividad y la falta de transparencia en el Legislativo generan un clima de desconfianza en la ciudadanía, que ve con escepticismo el rumbo de la política nacional.
