Cuatro requisitos para Casinos y Salas de Juegos

Los casinos y juegos de azar vuelven al debate después de que hace 12 años su actividad fue prohibida por la Consulta Popular de 2011. El gobierno de Daniel Noboa plantea su regreso mediante la misma vía: una nueva consulta popular.

La última pregunta del cuestionario enviado a la Corte Constitucional plantea el regreso de los casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar.

Dos constitucionalistas coinciden en que el tema se puede tratar nuevamente en una consulta. Ximena Ron señala que, durante este tiempo, la opinión de la ciudadanía pudo cambiar y eso puede reflejarse en la decisión en las urnas.

Por su parte, Gonzalo Muñoz señaló que si la Corte Constitucional aprueba las condiciones expuestas en los anexos de la pregunta “si se podría volver a consultar”. Este elemento es clave porque la propuesta del Gobierno implica algunos requisitos para su funcionamiento.

El primer requisito es que este tipo de negocios deberán contar con una delimitación zonal. Es decir, existirán sectores de las ciudades en los que se pueda habilitar los casinos o casas de juegos.

El segundo requisito es que existan montos mínimos de inversión. El tercero tiene que ver con normas relacionadas a la infraestructura y, finalmente, se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental, y de la seguridad ciudadana.

Empleos que se generaban antes de la consulta 2011

La pregunta 11 se relaciona con el anuncio del Gobierno sobre crear nuevos empleos y actividades económicas. En la explicación de la pregunta se plantea que, con la Consulta de 2011, un total de 250.000 plazas de empleo se perdieron. Estas estaban establecidas en las 160 salas de juego en todo el país.

Además argumenta que “la diversificación de las fuentes de ingresos, facilitada por los ingresos fiscales generados por la industria de casinos, constituye un pilar esencial”.

El Ejecutivo plantea que el aumento de recursos financieros permitirá canalizar fondos hacia programas sociales y servicios públicos.

El Telégrafo

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