La Consulta Popular propuesta por el Gobierno Nacional no incluye cambios de fondo a la Constitución. Las 11 preguntas presentadas a la Corte Constitucional están relacionadas con reformas que, en caso de ganar en las urnas, se tramitarán desde la Asamblea Nacional.
Del cuestionario, 10 preguntas incluyen anexos. Solamente una de ellas, la relacionada con el control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social no tiene anexo.
Pero, de esas 10 interrogantes, dos no pasarían por la Asamblea. Lo referente a la evaluación de los servidores de la Función Judicial estará a cargo de la Contraloría y el Consejo de la Judicatura.
La primera pregunta también incluye un anexo en el que no se habla de un proceso que involucre a la Asamblea. Para que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales se plantea que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) defina varios lineamientos. Entre ellos, las zonas en la que se ha reducido la capacidad de que el Estado ejerza sus atribuciones.
Entonces, ocho preguntas requerirán de un proyecto de ley que se debata y apruebe en la Asamblea Nacional. Para eso, el mismo Ejecutivo tendrá que remitir las propuestas en los plazos determinados en los anexos de cada pregunta.
Para el constitucionalista Gonzalo Muñoz, este cuestionario tiene un carácter plebiscitario; es decir, no implica reformas legales por la vía única de la consulta popular ni tampoco cambios en la Constitución.
El Telégrafo
